Durante los allanamientos relacionados con la investigación sobre la llamada trocha fronteriza, se recolectaron cajas de prueba que quedaron en manos de la Fiscalía. Foto CRH
Los allanamientos realizados por el Ministerio Público en casos como la concesión de la ruta 27, la llamada trocha fronteriza, la concesión de la ruta a San Ramón, la construcción de una nueva refinería en Recope con China, habrían servido para “enfriar” las investigaciones que hacía la prensa cuando esos temas estaban en su punto más alto y cerraron, a los medios de comunicación, la fuente desde donde se obtenían los datos para las publicaciones. ¿Cómo? Mediante los allanamientos, el Ministerio Público secuestró todo el material que servía como fuente de información periodística y que daba pie para las publicaciones con las que se informó al país sobre los hechos.
Jorge Chavarría, Fiscal General de la República, por medio de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, indicó que, “el Ministerio Público realiza las investigaciones para establecer, con grado de certeza, la presencia o no de delitos. Los allanamientos y otros actos de investigación se llevan a cabo para asegurar prueba en el proceso penal. No es interés del Ministerio Público afectar el acceso a la información que tienen los medios de comunicación o, bien, la ciudadanía”.
Pero a pesar de lo que dice Chavarría, lo cierto es que después del “despliegue” de fuerzas que hizo el Ministerio Público en esos allanamientos, todos los documentos quedaron en manos de la Fiscalía sin que nadie pudiera tener acceso a ellos.
Ruta 27
El Ministerio Público decomisó, el 31 de marzo del 2011, más de 200 cajas con documentación sobre la concesión de la ruta 27, además de discos duros de computadoras y realizó entrevistas a funcionarios. Incluso, dicho decomiso obligó a guardar toda la documentación en una bodega.
El fin de dichas investigaciones se realizó para determinar si en torno a la obra hubo algún delito, específicamente en la recepción de bienes y servicios contratados, además de que pudieran existir pagos irregulares en los contratos administrativos. Sin embargo y a tres años de los allanamientos, no se sabe nada sobre el caso.
La trocha
Luego de varias publicaciones en prensa y de varias consultas enviadas por los medios a la Presidencia, la ahora Expresidenta Laura Chinchilla habló de presuntos actos de corrupción en las obras de la trocha fronteriza . Eso fue a inicios de mayo de 2012 y el Ministerio Público realizó un mes después 41 allanamientos donde decomisó una gran cantidad de documentación. Después de eso, el caso entró en un letargo y a más de dos años de los allanamientos no se ha presentado ninguna acusación ante los Tribunales de Justicia ni tampoco se ha permitido el acceso a los documentos.
La refinería
Una situación similar se vivió con el caso de la refinería de Recope con China. En éste, también se realizaron decomisos de documentación justo en el momento en que el tema estaba en la palestra de la opinión pública y de los medios de comunicación.
El 2 de julio del año pasado, más de 40 agentes judiciales y fiscales, allanaron las oficinas centrales de Recope, en la cual también decomisaron una gran cantidad de documentos relacionados con el caso. A finales de junio, este medio había solicitado de manera formal al Departamento de Prensade Recope una serie de información relacionada con el proceso de la refinería con China. A poco más de 14 horas de que ese plazo venciera y que Recope tuviera que responder, tal y como indica la Constitución en su artículo 27, la Fiscalía allanó el edificio central de la entidad y se llevó toda la información, de modo que jamás pudimos tener acceso a ella.
Lo mismo sucedió con los allanamientos realizados un año antes, relacionados con una dudosa contratación a la empresa Procesos, de Florisabel Rodríguez, esposa del entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero. Sobre este caso y el de la refinería china, que data de hace más de un año, tampoco se sabe nada.
Concesión ruta San Ramón / OAS
La concesión de la ruta San José-San Ramón también estuvo llena de denuncias y dudas y el fiscal Juan Carlos Cubillo había asegurado que se trataba de “una pesquisa de un caso de mega corrupción”. Cuando los medios de comunicación estaban en medio de las denuncias e investigaciones, la Fiscalía procedió desde abril de 2013 con una serie de allanamientos, secuestrando toda la información disponible en el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otros. A más de un año de estos hechos, el caso sigue sin avanzar.
El material recolectado durante todos esos allanamientos está en manos de la Fiscalía, sin que la prensa ni los ciudadanos puedan tener acceso a él ni tampoco hay ningún responsable señalado por estos graves hechos. ¿Justicia pronta y cumplida?