Ministerio Público señala que hubo un plan para desviar fondos de CADEXCO. CRH
Personas vinculadas a la Asociación Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), personeros que ocupaban puestos de importancia y estratégicos, idearon un plan para perjudicar el patrimonio de la cámara y desviar fondos de cooperación de organismos internacionales, según estableció en el Ministerio Público en su solicitud de acceso a la información y secuestro de documentación tributaria, del 2 de octubre pasado, al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial.
El 23 de agosto del año pasado, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, notificó a la expresidenta de Cadexco, Mónica Araya, para que presentara los informes de auditoría externa, que revelaban supuestas anomalías en el manejo de los dineros para el pago de consultorías y firma de contratos.
Sin embargo, según estableció el Ministerio Público en la solicitud de acceso a la información tributaria, dichas personas fueron suponiendo operaciones y confeccionando contratos falsos con la finalidad de justificar salida de dineros provenientes de organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, “…todo ello con la finalidad de defraudar a la Asociación y obtener beneficio patrimonial indebido…”.
Incluso, el fiscal Luis Adolfo Mora, quien hizo el pedido enumeró una serie de contratos, que formarían parte del esquema utilizado por estas personas para justificar la salida de dichos dineros.
“…Uno de los contratos simulados o ficticios elaborados le pusieron fecha de mayo del 2011 y fue firmado por una empresa Kwanza Dorata Ltad. Por tres mil euros…”.
Según la solicitud del Ministerio Público se tiene conocimiento de una gran cantidad de contratos simulados, las empresas, personas jurídicas que aparecen contratando y que están conformadas por personeros de la misma asociación de exportadores, “…lo cual evidencia que esos contratos son simulados y lo que persigue y han obtenido son beneficios patrimoniales indebidos…”.
Además, la Fiscalía estableció que contratos por servicios profesionales simulados fueron confeccionados fraudulentamente ya que se insertó la firma de Mónica Araya, cuando ella nunca firmó los documentos.
“…Los imputados emitieron recibos de dinero simulados a la empresa Construcciones y Remodelaciones La Unión JHF S.A., por tres mil euros cada uno por esa suma por concepto de alquiler de oficinas de la Asociación, situación que es totalmente fraudulenta y simulada ya que la Asociación Cámara de Exportadores no alquila oficinas pues el edificio donde está ubicada la Asociación es un edificio propio…”.
El Ministerio Público señala en el documento que determinó que las empresas que aparecen en esos documentos “fraudulentos y contratos simulados” son representadas por Julio Andrés Flores Chaves, quien fungió como subtesorero de la junta directiva de Cadexco y además Sergio Navas Alvarado, quien figuraba para esa fecha como director ejecutivo de la Asociación.
“…Por lo tanto es muy posible que esas personas son quienes realizaron estas conductas delictivas aquí descritas para obtener un beneficio indebido…”, señaló el fiscal Mora.
Levantamiento secreto tributario
El dinero de la cooperación internacional era para ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Fotos con fines ilustrativos CRH.
El Ministerio Público solicitó en el documento el levantamiento del secreto tributario para la obtención de información privada que consideró indispensable para la causa que investigan.
En ese sentido solicitaron tener acceso a documentación original referente a la inscripción como contribuyente de Sergio Navas, Lila Johnson, María Céspedes, Kalendi Johnson, Marco Morales, Eidy Madriz e Inversiones Kwanka Dorata Ltda, Tecnicosultores S.A. y JG Producciones S.A.
Gloria Navas, abogada representante de Sergio Navas, exvicepresidente ejeutivo de Cadexco, indicó a este diario que daría una entrevista este lunes, para explicar el caso y negó cualquier participación de su cliente en lo que indica el Ministerio Público.
Incluso, comentó que la causa todavía se sigue contra ignorado y no hay ninguna persona acusada.
Lila Johnson dijo que ella no tenía ninguna participación en la sociedad Tecniconsultores. Aseguró que dicha sociedad fue creada para recibir un pago cuando estaba en Cadexco, pero después de que salió de la cámara no recibió ningún dinero.
En dicha sociedad también aparece Kalende Johnson, hermana de Lila, sin embargo dijo que su nombre está por relleno, pues necesitaban a alguien y ella no tiene ninguna participación con esa sociedad.
María Céspedes también aseguró que su participación en Tecniconsultores fue por relleno a solicitud de su hijo Carlos Alberto Céspedes (q.d.D.g.), quien fungía como gerente comercial de Cadexco. Indicó que no tenía conocimiento de nada de lo actuado por esa sociedad o su hijo.
Marco Morales, secretario de la sociedad JG Producciones, indicó que no daría declaraciones hasta no conocer a fondo la situación.
Eidy Madriz, quien funge como tesorera de JG Producciones, manifestó que su participación en esa sociedad anónima es de relleno y desconocía cualquier actuación de la misma.
El 26 de enero pasado, Cadexco anunció la destitución de su vicepresidente ejecutivo, Sergio Navas y de su gerente de comercio, Carlos Céspedes, al parecer por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de inversión. Sin embargo Navas, en ese momento, negó una mala administración y argumentó acoso y persecución laboral. Incluso presentó una demanda en contra de la cámara.
La solicitud del levantamiento del secreto tributario fue admitida por el juez penal Fabián Serrano.
Consultoría reveló problemas
Una consultoría de la empresa Deloitte, contratada por Cadexco, detectó desembolsos por 157 mil euros, lo que se traduce en 98,7 millones de colones, en servicios de consultoría que se presume nunca se dieron, o al menos no hay rastro de ellos.
El documento señala que la mayoría de los dineros de las consultorías habrían quedado en manos de exfuncionarios de la organización o empresas ligadas a ellos.
Entre las conclusiones se establece que en la revisión de los desembolsos por servicios de consultoría no se logró corroborar la prestación de los servicios mediante informes firmados por el consultor ni con documentos distintos a la factura profesional. El gasto por consultoría fue entre los 100 y 10 mil euros.
Como parte de los hallazgos se detectó que se habrían pagado servicios de consultoría sin contrato. “Una vez realizada la revisión de la documentación soporte de los desembolsos relacionados con servicios de consultoría se determinó que algunos de los servicios brindados por los proveedores, no se encuentran respaldados con contrato”, dice el documento.